Por Juan Manuel Rosario
La falta de claridad y la ausencia de la firme decisión de defender la soberanía de la República Dominicana, más temprano que tarde, pueden traer consecuencias desastrosas para la soberanía nacional.
Con la política migratoria se pretende siempre regular el flujo de personas hacia el interior de un Estado; sería estrafalario e ingenuo pensar que por el territorio de un Estado puede entrar quien lo desee y cuando lo desee; un Estado, desde la perspectiva de las normas internacionales, tiene componentes que son inalienables para su existencia: una población, un gobierno, un territorio y el reconocimiento internacional, aunque este último no es indispensable para la existencia del mismo.
Es por ello que se concibió el Plan Nacional de Regularización de la República Dominicana; para evitar que uno de los componentes de la soberanía, la población, fuera irrespetada con el ingreso masivo de extranjeros violando las disposiciones internas en tal sentido.
Lo que ha sucedido en la República Dominicana es lamentable y triste ¡Muy lamentable! De un total de algo más de 288,000 personas que se inscribieron en lo que se entendía que debía ser el Plan Nacional de Regularización, unas 95,164 sólo se inscribieron con pasaporte; o sea, que no pudieron demostrar el vínculo con la sociedad dominicana, lo que quiere decir que el país no sabe cuándo entraron al territorio, y por tanto puede tratarse de personas extranjeras que entraron precisamente en el momento en que se abrieron las inscripciones del Plan para beneficiarse del mismo. De igual manera, 102,940 se presentaron a la inscripción sólo con un acta de nacimiento, sin poder demostrar el vínculo con la sociedad dominicana.
Con igual situación se inscribieron 69,297 extranjeros, sólo usando cédula de identidad, y que también están en la misma condición de los anteriores; otros 20,345 no pudieron presentar ninguna documentación; de tal manera que sólo 4,600 personas pudieron cumplir con los requisitos que estaban concebidos en el Plan.
Sin embargo, el gobierno dominicano tomó la decisión de pasarle por encima al régimen de extranjería y ha decidido darle documentación para que permanezcan en el territorio dominicano a ese grupo de personas que no calificaron para tales fines; en el caso concreto de los 95,164 que sólo pudieron presentar pasaporte, le darán categoría de no residentes por un período de dos años para que sigan completando los demás documentos; o sea, que para esas personas el supuesto Plan Nacional de Regularización fue prorrogado por dos años más.
Lo que realmente procedía, en función de las leyes dominicanas y del interés nacional, era repatriar a esas personas al Estado de origen, y que inclusive bien pudo haberse tomado la decisión de otorgarle una constancia de que se inscribieron en el Plan, para que luego de ser repatriados presentaran esa constancia ante el Consulado dominicano del país de origen, para los fines de solicitar visa hacia el territorio nacional, la cual podría ser otorgada conforme a los requerimientos que establecen las leyes dominicanas; esa constancia pudo haber sido un elemento coadyuvante en beneficio del interesado para que el Cónsul la tomara en cuenta a la hora de otorgar una visa en función de si el solicitando cumplía con los demás requisitos establecidos en la ley.
Estamos en un momento súper histórico de la República Dominicana, donde los dominicanos no han sido defendidos por quienes tienen la responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y de defender la soberanía de la República.
Es un verdadero escándalo que hoy se diga que el Plan podría llegar a costar 2 mil millones de pesos; lo que quiere decir que cada persona que se inscribió costó alrededor de 7 mil pesos, si lo calculamos en función de los 288 mil; pero sería muchísimo más costoso si llegásemos a la conclusión de que se podría haber invertido más de 2 mil millones para regularizar a unas 4,600 personas, que son las únicas que han podido presentar la documentación debida.
Las autoridades dominicanas abrieron la sombrilla para que todos los extranjeros, aún sin reunir las condiciones, se inscribieran en un Plan que sólo estaba hecho para poner en orden al Estado dominicano, en el marco de la institucionalidad y el respeto a la soberanía, particularmente en el aspecto que concierne a la población.
La falta de rigor en la aplicación del Plan posiblemente fuera un elemento motivador para que el mismo saliera tan costoso.
Cuando a los 288,486 que se acogieron al Plan Nacional de Regularización se le agreguen los 55 mil del llamado Grupo A de la Ley 169-14 y los 8,755 del Grupo B, la cantidad total de extranjeros beneficiados con todo el proceso asciende a 364,965; de tal manera que la Ley 169-14 vino a reconocer como dominicanas a 55,000 personas que sin poseer la nacionalidad, conforme a la Constitución y a la Sentencia 168-13, se les estableció como tal la nacionalidad.
A eso se le agrega que hay más de 8,000 personas que nacieron en el territorio de la República, hijas de extranjeros ilegales, que serán beneficiadas con una residencia dominicana, lo que les permitirá dentro de dos años naturalizarse como dominicanos, lo que quiere decir que la ley 169-14 ha servido de soporte para violar la Constitución, la institucionalidad y la soberanía dominicana, para hacer dominicanos a más de 63,000 personas, e incluso las 55,000 más sus hijos en edad de votar pueden influir en el próximo proceso electoral dominicano.
Ahora hay quienes se prestan a vender la imagen de que están defendiendo la soberanía nacional, después que le han dado una estocada a la integridad soberana de la República; y la proyección de esa imagen de ser defensor de la soberanía en los momentos actuales obedece fundamentalmente a la búsqueda de captar el voto para las próximas elecciones del segmento de la sociedad que ha estado preocupado con la desprotección de la defensa de la soberanía dominicana.
Ese discurso que algunos sectores políticos quieren proyectar, de ser defensores de la soberanía y de ser víctima de la agresión internacional, no es más que un discurso demagogo con fines electorales; discursean una cosa y practican otra.
La verdad es que en todo momento se debió y se debe proteger los derechos humanos de la persona, pero eso no implica irrespetar la institucionalidad, las leyes y los intereses de la República Dominicana.
